El Consultorio jurídico y Centro de conciliación de Uniremington Medellín ha evolucionado en su atención a personas con discapacidad auditiva y de pronunciación.

Actualmente, el Consultorio jurídico y Centro de conciliación Gustavo Vásquez Betancourt de Uniremington Medellín, ha ampliado su actuar permanente de proyección social, yendo más allá de atender gratuitamente a población de escasos recursos e incluyendo personas con discapacidades auditivas y de pronunciación.

• Se cuenta con una docente con competencias en lenguaje de señas.
• Se están propiciando espacios académicos para que los estudiantes se capaciten en este campo de atención.
• Se ha trazado una ruta interna para atender a la población con enfoque diferencial, posibilitando el acceso a la justicia de la comunidad (a la fecha de esta nota, se han atendido cuatro casos).
• Se están formalizando alianzas interinstitucionales para garantizar el acceso a los derechos por parte de esta población con enfoque diferencial.

• En la imagen, de izquierda a derecha, la abogada Alba Lucía Mosquera Moreno, coordinadora del Centro de conciliación de Uniremington Medellín, y Tatiana Marcela Ortiz, usuaria con condición especial en la pronunciación.

• En la imagen, de izquierda a derecha, John Gutiérrez Vásquez, intérprete jurídico de lengua de señas colombianas; Jhon Alexi Romero Burbano, estudiante de último semestre en Derecho, y Leidy Biviana Ángel Noreña, usuaria con discapacidad auditiva.

• Se hizo alusión a la normativa que ampara a las personas sordas, en especial, a la contenida en la Ley 324 de 1996.
• Se dio el debate frente a la utilización del término “sordo”, los retos institucionales en los ámbitos educativo y estatal, y los organismos que están trabajando por la defensa de los derechos de esta población
• El conferencista Jhon Gutiérrez Vásquez, enfatizó en que se debe utilizar el término “sordo” adecuadamente, eliminando frases peyorativas con las que el entorno nombra, principalmente, a la comunidad sorda, teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no saben leer ni escribir, siendo el entorno el que les endosa discapacidades.
• Otro de los ponentes, Miguel Cortés García, añadió que estas discriminaciones sociales hacen que las personas tengan más dificultad al momento de enfrentar procesos penales, ya que, la mayoría del personal judicial no es idóneo para atender este tipo de casos, lo que, por lo general, termina afectando a esta población, pues se les trata como a personas hablantes y ello debe ser diferente.

Algunas conclusiones del conversatorio:

• Se debe garantizar la defensa técnica de la comunidad sorda frente a situaciones judiciales.
• Aún, el Estado no está preparado para atender casos con enfoque diferencial.
• Las instituciones de educación deben seguir propiciando en sus aulas el tema de enfoque diferencial.
• Utilizar la terminología adecuada para referirse a la comunidad sorda.
• Hay instituciones de educación superior que se han preocupado por el tema y ya cuentan con la carrera de Intérpretes de Señas.