Para ilustrarnos sobre qué tan cómplices somos en nuestro actuar en cuanto a la responsabilidad que tenemos como miembros de una sociedad, en la cual compartimos servicios públicos, una estructura de vías y transporte, solidaridad en la salud, la tierra, incluso nuestra vivienda, entre muchas otras cosas, deberíamos entonces autoevaluarnos sobre qué tan vigilantes somos frente a los recursos públicos –los recursos de todos–, tal vez observando la gestión en las obras públicas, la calidad en aspectos como la educación y los servicios de salud, así como la eficiencia y la equidad en la justicia, en el crecimiento y desarrollo rural y urbano y otros aspectos más que extenderían esta lista.

Quejarnos de lo que se hace o se deja de hacer en el ámbito público; quejarse sobre la calidad y cantidad de las obras y los servicios fundamentales que se prestan a la comunidad, parece que son opciones que ya “pasaron de moda” o son iniciativas de muy pocos. Asimismo, saber quién administró bien o mal el presupuesto público en calidad de gobernante o gerente de una entidad estatal, pareciera que pasa a la memoria del afectado por el alzhéimer. Por su parte, la expresión: “La política es dinámica”, sugiere un perdón (por lo mal hecho o por esa gestión corrompida del administrador público) por parte de quienes fueron en un tiempo pasado sus opositores o controladores, además de recibir el visto bueno del “ojo durmiente” de todos los ciudadanos de a pie que optan por el silencio, convirtiéndose en cómplices y promotores –a través de la votación electoral– del despilfarro y la apropiación lujuriosa de los aspirantes a estamentos públicos o de los nominados a dedo por aquellos candidatos electos.

“La corrupción es un crimen de cálculo”

En la edición número 1878 de la Revista Semana (6 al 13 de mayo de 2018), se publica un artículo titulado: “Así se roban a una ciudad”, en el cual se describe cómo dos alcaldes, uno tras otro, y teniendo como compinches a varios contratistas, con un esquema de coimas, fraudes, incluyendo el delito de homicidio, venían robándose el erario de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío. Según se explica en la nota, uno de los implicados capturados, expresó: “Estoy tranquilo y consciente de mis actuaciones”.

Precisamente, ello me permite traer a colación, una reflexión del doctor Juan David Giraldo , reconocido psicólogo que fue ponente en el Congreso sobre Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable en 2016, quien expresó que “la corrupción es un crimen de cálculo”, de lo cual se infiere que el delincuente es altamente racional, con gran desarrollo cognitivo y bajo nivel moral. En este contexto, la afirmación del implicado en el caso de Armenia, resulta ser altamente cínica, en tanto que ha perdido cualquier asomo de respeto por la comunidad a quien se debería y frente a sus semejantes, desconociendo un sinnúmero de valores sociales y humanos.

Sin embargo, debe reconocerse que el pueblo (la gente del común) podía –o pudo–observar que en la capital del Quindío las obras públicas anunciadas no se adelantaban, que los cobros por valorización eran exagerados, que la estación férrea no se hacía realidad, y que, aun así, en los balances anuales del gobierno local se informaba que el presupuesto, medido en pesos, se había ejecutado en su totalidad. ¿Estaban adormitados los ciudadanos durante esas dos administraciones municipales?
Por supuesto, el ejemplo anterior no es el único caso en nuestro medio. Infortunadamente, este tipo de hechos son el común denominador en Colombia: las obras prometidas o indispensables no se realizan o, si se ejecutan, son exageradamente costosas, incluso, con una calidad sospechosa; podemos hacer el ejercicio de recorrer nuestras ciudades y observar que resaltan los huecos en calles recientemente pavimentadas, los adoquines rotos, las malezas en obras inconclusas, los servicios de salud desvergonzadamente amontonados, todo lo cual se nos convierte en parte del paisaje. Y mientras tanto, nadie, o muy pocos, son los que levantan su voz de rechazo.

¡Despertemos!

En esta reflexión me surge la inquietud de si es qué necesitamos algo que nos rebose la tasa para que tengamos un nuevo mayo, como el de 1968 en Francia, cuando la gente se movilizó exigiendo sus derechos civiles con inclusión racial, motivados por los llamados hippies en los Estados Unidos, movimiento que se extendió posteriormente a Europa (sin hacer apología al alucinógeno), como un icono contra el autoritarismo (Pellini, s.f).

Entonces, ¿habrá algo que nos despierte y así omitir el silencio cómplice con los administradores públicos y contratistas corruptos?; ¿será qué si la justicia no opera, habrá una manera de crear una cultura de castigo? Como, por ejemplo, la indiferencia y el olvido posterior cuando traten de volver al ruedo público (no votar por ellos) para evitar que algunos malhechores que se postulan como funcionarios o a cargos de elección popular lleguen a malograr los presupuestos públicos.

Es cierto que hoy existen muchos aspectos sobre los cuales el ciudadano de a pie difícilmente puede incidir. Por ejemplo: actualmente, ¿quién nombra a los contralores territoriales?, la respuesta es simple: los concejos municipales o las asambleas departamentales, cuyos miembros, por lo general, llegan adscritos s ciertas coaliciones de partidos o movimientos políticos, y que, por “coincidencia” casi constante, son afines al mandatario local elegido popularmente.

Consecuentemente –yo o nosotros–, elegimos a quien nos va a auditar o vigilar. En este sentido, ¿no es un hecho abominable que, precisamente que quien esté al frente de una contraloría local o regional tenga una afinidad al grupo político del burgomaestre o gobernador de turno (lo que hoy, infortunadamente, es una situación normal)? Realmente son pocos los contralores nombrados que hagan parte de la oposición política de un gobernante. Ello nos acerca entonces a esa “puerta giratoria electoral”, es decir, tú me eliges, yo te elijo o elijo a los tuyos, y viceversa.

En este marco reflexivo como ciudadano, contador público y decano de la Facultad de Ciencias Contables de Uniremington, he registrado varias preguntas directas, frente a las cuales, también las respuestas son simples: todos somos culpables por guardar silencio, por “convivir” con el corrupto al no denunciarlo o revelarnos contra sus actos indebidos, e incluso, hasta aplaudirlo expresando atrocidades, tales como: “Este si lo supo hacer”. Por lo tanto, nos cobija el célebre adagio de Joseph de Maistre (1753-1821): “Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”.