El contexto y la realidad colombiana necesita de un análisis interdisciplinario desde tres perspectivas: La histórico-política, la cultural, la socio-económica. Se pretende, además, buscar la construcción de la ciudadanía como el empoderamiento político de la persona en el plano social, así como la dignidad humana, categoría que ha cobrado mayor sentido a la luz de la Constitución Política de 1991.

Cuando un Estado firma los instrumentos surgidos en el seno de la ONU, se ve en la obligación de cumplirlos, acatarlos y adecuarlos a las normas internas de cada país. En el caso colombiano, contamos con el llamado Bloque de Constitucionalidad, el cual consiste en la adecuación de las normas internacionales equiparadas con la Constitución Política. A manera de ejemplo, recordamos los artículos 93 y 94 de la Carta, entendidos como las cláusulas de apertura de los derechos fundamentales.

Colombia ha vivido una problemática de conflicto armado interno por más de 60 años (desde antes del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán); problemática que ha afectado el país en múltiples dimensiones como por ejemplo la no concreción de una reforma agraria que incluya a toda la población en su conjunto (comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades campesinas), a la luz de la implementación de políticas públicas que conduzcan al bienestar común y a la inclusión del campo como principal baluarte de la economía colombiana; es de resaltar que Colombia ha sido un país reconocido por una tradición rural y agraria.

En ese sentido, el incumplimiento de un acuerdo de Estado por parte de un gobierno, se constituye en un problema, puesto que, en los Acuerdos de la Habana, se encuentra contenido en el punto número 1, pues no se ha desarrollado su implementación.

No se puede desconocer que la tierra en Colombia se encuentra concentrada en manos de pocos propietarios, como lo plantea el investigador Absalón Machado Cartagena: “por eso el índice Gini de tierras es uno de los más altos del mundo. Alcanza en Colombia 0.87, según los datos del IGAC, y ha estado aumentando en los últimos 20 años. Este tipo de concentración y desigualdad no es compatible con el desarrollo humano, pues genera serias dificultades para aplicar políticas que manejen criterios de equidad y democracia.” (Machado, 2017, pág. 138), así mismo, lo destaca el periodista Reinaldo Espitaletta, cuando aduce que la concentración de la tierra, “según el reciente censo agropecuario, tienen el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola. Una minoría que representa el 0.4 % de propietarios” (2015). Adicionalmente, en Colombia, la oligarquía terrateniente, las industrias y las transnacionales, no han permitido que haya una reforma agraria y un mejor reparto de la tierra, y el bipartidismo tampoco ha permitido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que implementen sus proyectos de inclusión social, política, económica y cultural en pos de la dignidad humana, la calidad de vida y el buen vivir.

Manuel Salvador Rivera