El proyecto se presenta como un convenio interuniversitario entre: la Corporación Universitaria Remington (Grupo de investigación -GIFICUR-, Grupo de investigación –GISOR- en la línea de Investigación Derechos humanos, ambiente y control judicial; Universidad de Antioquia (Grupo de investigación en Estudios Internacionales) y la Universidad Pontificia Bolivariana (Grupo de investigación en Trabajo Social –GITS, con la línea de Fundamentación disciplinar-interdisciplinar y contextos sociales).

La investigación busca hacer frente a la realidad migratoria de las mujeres venezolanas a partir de los Derechos Humanos que les son afectados por las distintas violencias de género. Se pretende dar cuenta de las variables que condicionan la mayor vulnerabilidad de la mujer migrante a partir de la categorización de las violencias de género, la elaboración de estrategias de apropiación del conocimiento con grupos de comunidades afectadas y la presentación de indicadores que permitan evidenciar los distintos tópicos de violencia de género contra la mujer migrante venezolana en la ciudad de Medellín.

La pertenencia de la investigación es que busca partir de las necesidades y realidades propias de la violencia contra la mujer migrante venezolana para establecer focos de acción y de aplicación de las exigencias normativas nacionales e internacionales.

En América Latina, en general, y en la región andina, en particular, hay una nueva atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor, de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La ciudad de Medellín por primera vez se ha visto en la tarea de ser receptora de migrantes en condiciones de vulnerabilidad y esta situación es necesario afrontarla con la urgencia de los derechos humanos de esta población. Es esencial entender que las relaciones de los ciudadanos requieren procesos en los cuales cobra sentido el concepto de interculturalidad, como la forma de reconocer la presencia de una diversidad cultural, y por ello la importancia de desarrollar acciones específicas.

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998).

La investigación entonces se fundamenta en la necesidad del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Teniendo en cuenta que han tenido logros en cuanto a la ampliación en la formulación de los derechos de las mujeres, la ubicación de la violencia contra las mujeres en el centro de la agencia internacional, y su incidencia en los ámbitos nacionales y locales. Permitiendo así el análisis de una realidad frente a estas propuestas de construcción de reivindicación de derechos. Sin embargo, no es un camino concluido y es necesario analizar los escenarios de violación de derechos humanos de las mujeres. La investigación hace entonces un llamado a renovar el compromiso con la profundización de los derechos humanos de las mujeres en un nuevo contexto trasnacional.

En la actualidad es necesaria la implementación de una categorización de las violencias de género contra la mujer en el campo local, y sobre todo en cuanto a la mujer migrante, aún más reconociendo que estas mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente al abuso sexual, el acoso, la violencia intrafamiliar, el comercio sexual femenino, la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, el feminicidio, el hostigamiento, la invisibilización como mujeres, el maltrato físico, el maltrato psicológico y la segregación ocupacional.